Enero 31, 2021 – 07:55 a. m.
2021-01-31 Por:
Francy Elena Chaguendo Azcárate, reportera de El País
El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, considera que si los colombianos están atentos a lo que pasa con su servicio de salud y denuncian las irregularidades, es posible cerrarle las brechas a la corrupción que aún mantiene sus tentáculos en este sector.
La entidad ha identificado más de 70 malas prácticas en el sistema tanto por parte de usuarios como de los prestadores del servicio, hospitales y EPS, por eso cree que Colombia tiene un buen modelo de salud, pero las fallas están en los actores del mismo.
En entrevista con El País el funcionario, quién ha estado al frente de la entidad desde agosto del 2018, habló de la resistencia de la EPS Medimás a salir del Valle del Cauca, después de la orden que le dio la Supersalud y de cómo se ha afrontado la pandemia del covid-19.
¿Qué tanto se complicó la situación del sistema de salud con la pandemia?Estoy seguro que nuestro modelo de salud ha respondido a las expectativas, obviamente ningún país estaba preparado para atender una pandemia de este orden, sin embargo, desde que empezó y con las instrucciones que ha dado el Gobierno, el sistema ha respondido bien. Por ejemplo, hacíamos 170.000 atenciones domiciliarias en marzo y en septiembre ya estábamos llegando a 700.000; la entrega de medicamentos a domicilio pasó de 211.000 en marzo a 1.624.000 en septiembre. Asimismo, en unidades de cuidado intensivo se pasó de 5.346 a 11.325.
El ajuste que tuvieron que hacer las EPS y las entidades territoriales para poder atender la población en su casa, ha sido importante. Todo esto muestra la fortaleza del sistema, no todo es malo, ha habido un buen comportamiento.
¿Este esfuerzo podría generar mayores presiones financieras para el sistema?Las presiones financieras sobre el sector nunca van a desaparecer, los presupuestos de la salud siempre crecen porque se mantiene la presión de la tecnología, la farmacogenética, la ampliación del plan obligatorio de salud, la pandemia, todo eso hace que los presupuestos siempre vayan al alza. Además, la presión financiera se mantendrá porque la capacidad instalada hay que protegerla, hay que mantener la oferta de servicios.
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¿Qué han encontrado en este último año en las EPS, un buen manejo o siguen las irregularidades?Hemos hecho 465 visitas a lo largo del país, auditorías para verificar el funcionamiento de toda la cadena y esto generó seguimientos más estrictos para algunos. Por ejemplo, la Superintendencia ordenó 75 planes de mejora. Cuando esto no funciona y las EPS no reportan con oportunidad, ordenamos un segundo estado que son medidas cautelares y ya tenemos estas medidas contra 10 EPS por no dar respuesta efectiva y no atender oportunamente las quejas de los usuarios. Esto es de inmediato cumplimiento, sino lo hacen pasamos a la etapa de sanción y ya tenemos algunos representantes legales sancionados.
Hay 33 investigaciones abiertas que podrán terminar en sanciones a los diferentes vigilados. A la fecha hemos emitido 943 sanciones que suman cerca $143.000 millones. Creemos que las EPS que no ven la salud como un derecho fundamental hay que sacarlas del país.
¿Cuántas EPS están operando hoy?Hoy tenemos 35 EPS, hemos liquidado 9 y a 3 las hemos revocado de varios departamentos. Con eso tenemos casi 4 millones de colombianos que hemos logrado trasladar a otras prestadoras que sí ven la salud como derecho fundamental.
En el Valle la Superintendencia ordenó la salida de Medimás, pero por una tutela se exigió restablecer a la empresa ¿en qué va ese caso?Esta es una de las EPS que hemos revocado en varios departamentos. Se le ordenó salir de Antioquia, donde tenían 213.000 afiliados, del Valle, donde tenían 260.000 usuarios y de Santander. Todos estos usuarios ya están en otras EPS que deben garantizar la atención con oportunidad y calidad a la población y hoy lo están haciendo. Por eso le solicitamos al juez penal de Buga, que nos ordenó que Medimás volviera a operar en Valle, que nos explicara el alcance de la solicitud.
El impacto que tiene ese fallo es enorme sobre la salud de esas 260.000 personas y por eso la Superintendencia le escribió, de manera amable, que nos diera las explicaciones y él juez se negó a responder y aclarar las cerca de 35 preguntas que le hicimos. El juez consideró que eran irrelevantes, lo cual pone en vilo y deja mucha angustia en esta población.
Eso nos obligó a ir a otra instancia como es la del Tribunal Superior de Buga donde ya radicamos un recurso de impugnación y confiamos en el buen criterio de los magistrados para que nos ayuden a defender el derecho a la salud y a la vida de los afiliados.
¿Cuál es la situación de las EPS del Valle como Coomeva, SOS y Comfenalco Valle?Como todo en el país algunas EPS han avanzado, algunas están cumpliendo con sus planes de reorganización institucional, otras no lo han hecho y algunas en lugar de mejorar aumentan su deterioro, por eso hemos tenido que tomar decisiones, por eso las medidas cautelares y por eso hemos tenido que sacar del mercado a algunas.
Tuvimos una reciente reunión en el Valle y la problemática es recurrente, que algunas EPS se niegan a pagar con oportunidad. Hemos visto situaciones como que un gerente le responde a un hospital que no pagará y que le cierren sus servicios. Es increíble que esto pase, esto no es una tienda, es la vida de los colombianos y un gerente de una EPS no le puede responder así a un hospital. Ellos administran los recursos de la salud de los colombianos, ellos no son los dueños de la población, esas son las EPS que no ven la salud como derecho fundamental, nosotros actuamos para corregir, pero decisiones como las del juez de Buga detienen la protección que hace la Superintendencia y nos dejan en una situación complicada.
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Pero con todo eso las deudas siguen ahí. La Gobernación dice que las EPS le deben a la red pública de salud del Valle $263.000 millones..A parte de las medidas de vigilancia y de las revocatorias, usamos dos mecanismos para tratar de solucionar este tema, por un lado participamos de la mesa de flujo de recursos en las que se analizan las barreras, la contratación y, por otra parte, hacemos jornadas de conciliación y logramos recuperar recursos a la red. En el Valle hemos hecho jornadas de conciliación que nos han permitido recuperar $103.000 millones que dan un respiro a los hospitales. Si esto no pasa las EPS son sancionadas, lo cual no me gusta hacer porque ellos tratan de pagar con los mismos recursos del sistema, por eso ahora estamos yendo contra el bolsillo de quienes toman las decisiones, los representantes legales.
¿Ha habido corrupción con el tema de servicios para la atención covid?Estamos haciendo investigaciones y por eso siempre le pido a los colombianos que nos ayuden a denunciar. En las visitas, inclusive, a áreas de unidades de cuidados intensivos, encontramos que el 4% no tenía una buena utilización de las UCI, no cumplían todos parámetros, tuvimos que ponerle medida cautelar a una IPS en Córdoba. Pero necesitamos ir más allá y en la medida en que las personas perciban esas irregularidades, deben denunciar a la Superintendencia para poder actuar.
¿Es decir que la corrupción no se ha reducido?Hemos identificado más de 70 modalidades de malas prácticas, por eso digo que el problema que tiene Colombia no es del sistema, el problema no es de modelo, contamos con excelentes hospitales, aseguradores y profesionales, un modelo de atención amplio. Lo que tenemos es un problema de actores, son más de 70 modalidades de malas prácticas de todos los actores, usuarios que reclaman medicamentos que no necesitan, que abusan del sistema. Tenemos relaciones entre aseguradores y prestadores indebidas, contrataciones con tarifas absurdas, tenemos integración vertical oculta.
Si logramos ir cerrando estas hemorragias, ir sacando a estas mafias transversales, seríamos los mejores del mundo y muestra de eso es que tenemos buenas EPS y clínicas y hospitales acreditados con estándares internacionales. Nuestro problema es de malas prácticas, de una corrupción que avanzó y que hoy tratamos de detener para tener una salud de mejor calidad.
Deudas
¿A cuánto asciende la deuda del sistema?
Cuando llegamos eran cerca $18 billones lo que se debían entre actores del sistema, por eso se promovió la Ley de Punto Final, que permite identificar esas deudas. Si usted le pregunta a los hospitales dicen que la deuda es de $23 billones y si hablas con el Ministerio hay otra cifra, nosotros tenemos datos que nos reportan los revisores fiscales y esa indica que la deuda total es $16 billones.
¿Hay acuerdos de punto final?
Hace trámite el acuerdo de punto final entre Adres (que administra los recursos) y las EPS, lo importante es que una vez el Gobierno aclare las deudas, paguen a las EPS que tendrán que capitalizar lo que les corresponde a ellas, porque ese discurso de que yo no he podido pagar porque a mi no me ha pagado tiene que acabarse.
Se está haciendo un esfuerzo para que el sistema funcione como debe ser. Necesitamos la ayuda de los colombianos, que cada actor cumpla con rol, acabar con las malas prácticas, tenemos un buen sistema, los recursos para atender con oportunidad, necesitamos la ayuda de todos los colombiano y más ahora que estamos en pandemia.