El proceso legal interpuesto por un extrabajador de la holding financiera sigue moviéndose en los juzgados y tribunales.
Al Tribunal Superior de Medellín escaló el proceso de Acción Popular promovido por Diego Patiño Moreno en contra de los integrantes de la junta directiva de Grupo Sura, en representación de la familia Gilinski.
El lunes, el Juzgado 10 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín notificó a Sura de la remisión del expediente al Tribunal, para surtir el trámite correspondiente al recurso de apelación que fue instaurado en contra del auto que decretó varias medidas cautelares.
Según explicó Patiño, la exministra María Ximena Lombana interpuso la apelación argumentando que finalizada la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por IHC, que aspiraba comprar un porcentaje relevante de acciones de Nutresa, ya no era pertinente mantener las medidas cautelares.
Aquí vale anotar que el pasado 17 de noviembre el juzgado en primera instancia ordenó a Sura y otras entidades abstenerse de tramitar o gestionar cualquier acto o decisión que no cumpliera con las normas legales y estatutarias aplicables, en materia de decisiones de la junta de esa holding financiera.
Esto en virtud a que Lombana, así como a Andrés Bernal y Ángela María Tafur (entonces miembros de la junta de Sura en representación de Gilinski), estaban impartiendo instrucciones a la administración de Sura, en particular, respecto de la OPA.
Pese a que la oferta terminó sin éxito el 18 de noviembre e incluso que fue elegida una nueva junta de Sura, en la cual ya no figura Bernal, el proceso promovido por Patiño sigue su curso.
“Si el Tribunal Superior de Medellín ratifica lo que decidió el juez en primera instancia, el expediente volvería al Juzgado 10 para seguir su trámite”, anotó el accionante, quien confió en que las determinaciones de la justicia esclarezcan todo el caso.
Patiño destacó que a la acción popular se han adherido otras personas, como coadyuvantes, que es una figura que permite la Ley 472 de 1998 para apoyar este tipo de causas, dirigidas a proteger o defender derechos e intereses colectivos.
Implicaciones
La compañía anotó que las medidas cautelares dictadas dentro del proceso de la acción popular continúan en firme, por lo que entre los interrogantes que surgen figura el hecho de si la actual junta directiva puede deliberar y tomar decisiones.
Además, terminada la OPA y en ausencia de un nuevo ofrecimiento no queda claro el por qué se mantienen unas determinaciones frente a algo que ya pasó. Y qué ocurre con las decisiones del juez que cobijan a tres personas, cuando una de las ellas ya no hace parte de esa junta.
En ese contexto, expertos consultados por este diario precisaron que lo que demandó el accionante es que se estaban vulnerando unos derechos colectivos que no se pueden desconocer, independientemente de si los hechos están vigentes o fueron pasados.
“Lo que se habrá de determinar en este proceso es si se violaron o no esos derechos colectivos, que en parte son de los de los inversionistas y los accionistas de la compañía, y de otra parte será mucho más relevante la legalidad de la decisión. Y esto lo que plantea hacia adelante es qué pasa si un inversor formula una OPA hostil y esta tiene éxito. Eso es lo que se debate en este proceso”, anotaron los especialistas en derecho financiero que hablaron con EL COLOMBIANO (ver ¿Qué sigue?).
¿Qué sigue? Otros procesos por llegar
Si bien la junta directiva de Sura, elegida en la asamblea extraordinaria de accionistas del 22 de noviembre, puede tomar hoy cualquier determinación, es necesario tener en cuenta que en desarrollo de la acción popular que se tramita, contra quienes tomaron “decisiones” frente a la OPA y se autodenominaron “junta directiva de Sura” (Lombana y Tafur) podrían recaer responsabilidades legales. Si el fallo final de la acción popular determina que ellos tomaron una decisión ilegal por asumir competencias que no tenian, podrían ser vinculados a un proceso penal.
