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Atención | Ya hay nuevo fiscal para el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿De quién se trata?

La investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos no concluirá en el corto plazo y, por el contrario, se espera que luego de que la jueza 28, Carmen Ortiz, no aceptara la solicitud de preclusión que hizo la Fiscalía, vendrá un largo proceso,…

Atención | Ya hay nuevo fiscal para el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿De quién se trata?

La investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos no concluirá en el corto plazo y, por el contrario, se espera que luego de que la jueza 28, Carmen Ortiz, no aceptara la solicitud de preclusión que hizo la Fiscalía, vendrá un largo proceso, esta vez sin que la investigación esté en cabeza del fiscal Gabriel Jaimes. Según informaron desde la Fiscalía, ya fue nombrado un nuevo encargado para llevar sobre sus hombros este caso. Se trata de Javier Fernando Cárdenas, actual fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

El cambio de fiscal en este caso se da porque, de acuerdo con las normas, luego de la fallida solicitud de preclusión es necesario cambiar al investigador. De acuerdo con el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, “…el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de Conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. En este evento el superior designará un nuevo fiscal”.

En ese sentido, informó la Fiscalía que “el coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, informó a su superior que, dentro del proceso seguido contra el doctor Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal, los términos de investigación se agotaron, sin que pueda emprender los actos de investigación sugeridos por la juez 28 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, al momento de negar la solicitud de investigación”.

Con este argumento jurídico, la vicefiscal, con funciones del Despacho del fiscal general de la Nación, Martha Janeth Mancera, dispuso variar la asignación especial del caso para que sea asumido por Cárdenas Pérez, un curtido abogado especializado en derecho penal y derecho administrativo y quien en la actualidad se desempeña como fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Cárdenas Pérez se desempeñó, durante 17 años, desde 1993 hasta 2010 como juez promiscuo municipal, juez Civil del Circuito y municipal, juez Penal del Circuito y municipal, y juez de Familia. Fue después de esto que empezó a trabajar en la Fiscalía donde se ha desempeñado como fiscal especializado de carrera, de la Unidad antisecuestro y de Organizaciones criminales. Desde 2020 es fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Justamente el miércoles pasado, luego de meses de exposiciones tanto del fiscal saliente del caso Gabriel Jaimes, los abogados de las supuestas víctimas y hasta una lánguida intervención del expresidente Uribe que fue constantemente interrumpida y vetada por la jueza 28, finalmente decidió que la preclusión, como planteaba la Fiscalía, no era el camino.

Fue poco más de un año de diligencias, argumentos, exposiciones jurídicas, regaños, discrepancias, burlas y hasta compulsa de copias. La audiencia de preclusión fue un espectáculo judicial que incluso se recomendó a estudiantes de derecho. En el escenario virtual estaban grandes personalidades del derecho y las intervenciones estuvieron a la misma altura.

La jueza tuvo que lidiar con los intereses, las diferencias políticas y hasta fue víctima de amenazas e injurias. En la audiencia, la jueza fue pausada, mantuvo el orden y tuvo que llamarles la atención a personajes como el exfiscal Eduardo Montealegre y también al expresidente Uribe, que quiso cerrar la audiencia con un emotivo pero frustrado discurso.

En su decisión hizo un resumen desde que la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar al senador Iván Cepeda y, al contrario, ordenó la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Luego se refirió a cómo pasó el proceso a manos de la Fiscalía, tras la renuncia de Uribe a su fuero como senador, y a las discusiones sobre bajo qué ley se cobijarían las actuaciones de la Fiscalía.

“La Fiscalía no logró demostrar la aticipidad de las conductas investigadas de fraude procesal en el caso de los testigos que fueron abordados por Diego Cadena y Juan José Salazar, para ser escuchados con los ofrecimientos económicos y de apoyos jurídicos”, señala la decisión.

La jueza anticipó que la lectura sería larga, al punto de que era necesario solicitar la ayuda del oficial mayor del juzgado para completarla. Los detalles fueron en minucia y con un momento especialmente largo para analizar la intervención de la Fiscalía con los seis hechos que, a su consideración, eran el soporte legal para pedir la preclusión en favor del expresidente Uribe.

“La Fiscalía se propuso tener en cuenta toda la actividad probatoria adelantada por la Corte Suprema de Justicia considerando los argumentos expuestos por la Sala de Instrucción en el escenario que resolvió la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe, resaltó que en todo caso la actuación probatoria hecha por la Corte Suprema Justicia era en la necesidad de resolver una medida de aseguramiento”, dijo la juez en su lectura.

La juez transitó con cuidado por cada hecho enunciado por la Fiscalía. Fueron seis los expuestos por el fiscal Gabriel Jaimes en sus siete días de intervención, con los argumentos para insistir en la preclusión de la investigación por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal que se adelantó contra el expresidente Uribe.

La decisión

El debate de la jueza estuvo en los elementos de atipicidad que esbozó la Fiscalía y la comisión o no de las conductas de fraude procesal y soborno en actuación penal endilgadas al expresidente Álvaro Uribe. En criterio del despacho, hay dudas en las declaraciones de testigos, incluso del mismo exmandatario respecto de los detalles materia de indagación, principalmente en el momento en que pidió una carta para enviar a la Corte Suprema de Justicia.

Para la jueza es claro que existe inferencia razonable de autoría o participación en la comisión de las conductas que por el contrario la Fiscalía intentó precluir en su solicitud: fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin embargo, aclaró la jueza que con su decisión no hace responsable al expresidente Uribe de la comisión de esos delitos, solo de que existe la probabilidad de la ocurrencia de las conductas punibles.

En todos los hechos enunciados por la Fiscalía, los seis que presentó en su argumentación para pedir la preclusión, a criterio de la jueza, no fueron de recibo, pues el fiscal del caso no logró derrumbar la inferencia razonable valorada por la Corte Suprema de Justicia en la investigación que incluso ayudó a construir la misma Fiscalía.

La defensa de víctimas logró, según la jueza, demostrar y construir una hipótesis de tipicidad del fraude procesal, luego de demostrar cómo las declaraciones de los testigos de la Fiscalía llegaron a conclusiones opuestas, pues no recuerdan fechas y, al contrario, sí las reuniones con el senador Iván Cepeda.

“El despacho estima que se puede afirmar razonablemente una hipótesis de tipicidad de la conducta de fraude procesal en relación con el manuscrito remitido por (alias) Racumín y que a través de la defensa técnica se llevó a la Corte Suprema de Justicia”, dijo la jueza.

Ahora, con el nombramiento Javier Fernando Cárdenas, actual fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, para el caso Uribe, la historia se vuelve a barajar.

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