Un informe reciente sacudió el sistema de control de infracciones vinculadas a los autobuses escolares en Miami-Dade y abrió una ventana de alivio para miles de automovilistas. Una auditoría interna reveló errores administrativos, fallas legales y omisiones de notificación que derivaron en la anulación masiva de citaciones, muchas de ellas sin que los propios conductores se enteraran.
El Programa de Seguridad de Autobuses Escolares fue diseñado para reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito mediante cámaras de alta resolución instaladas en estos vehículos. El objetivo era identificar y sancionar a quienes adelantaran ilegalmente a los buses cuando estos se detenían para subir o bajar estudiantes.
Sin embargo, la auditoría realizada por Miami-Dade County Public Schools, que analizó su funcionamiento desde su lanzamiento en mayo de 2024 hasta su suspensión total en abril de 2025, detectó deficiencias profundas que afectaron la validez de miles de sanciones.
El informe, citado por Miami Herald y difundido públicamente esta semana, señaló que los problemas no fueron aislados ni menores. Por el contrario, se trató de errores sistemáticos que comprometieron el proceso completo, desde la emisión de los avisos hasta su eventual tratamiento judicial.
Uno de los puntos del relevamiento oficial fue la desestimación de más de 5000 citaciones de tránsito uniformes. En total, 5450 multas que habían llegado a instancia judicial fueron anuladas de manera colectiva por orden del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial.
La razón fue clara: la empresa contratada para gestionar el sistema, BusPatrol, cometió fallas graves en la confección de los documentos. Las citaciones incluían montos incorrectos, números inválidos y, en algunos casos, ni siquiera consignaban el nombre ni la placa del oficial encargado de revisar la infracción, un requisito indispensable para sostener la validez legal del procedimiento.
Estas inconsistencias llevaron al tribunal a emitir una Orden Ómnibus el 28 de abril de 2025. Con esa resolución, no solo se dejaron sin efecto todas las citaciones afectadas, sino que también se eliminaron las suspensiones de licencia asociadas a esos casos, conocidas administrativamente como D6. El fallo buscó evitar perjuicios mayores a conductores que podían enfrentar consecuencias severas por errores que no habían cometido.
Aunque la decisión judicial representó un alivio para miles de personas, la auditoría detectó un aspecto aún más preocupante: nadie notificó formalmente a los conductores beneficiados. Según el informe, no se enviaron comunicaciones para informar que las multas habían sido desestimadas, lo que dejó a los afectados en un limbo de incertidumbre.
Miami Herald detalló que muchos automovilistas creyeron que sus casos seguían abiertos o que aún enfrentaban sanciones, simplemente porque nunca recibieron una notificación oficial. Esta omisión alimentó la confusión y profundizó la desconfianza hacia el programa.
Por su parte, BusPatrol respondió a los auditores que no avanzó con las notificaciones de desestimación porque no recibió una instrucción confirmada de las autoridades gubernamentales.
Más allá de las citaciones anuladas, la auditoría identificó otro universo aún mayor de infracciones con estatus incierto. En total, existen 43.376 Avisos de Violación que nunca fueron pagados ni disputados y que tampoco se transformaron en citaciones formales dentro del plazo que marca la ley.
Estos avisos representan alrededor de 9,7 millones de dólares en ingresos potenciales que podrían perderse definitivamente. La normativa de Florida establece que, si un conductor no responde en un plazo de 30 días, el aviso debe convertirse en una citación judicial.
Sin embargo, eso no ocurrió en estos casos y el tiempo legal para iniciar el proceso podría haber prescripto, lo que dejó a las multas en una situación jurídica dudosa.
