¿Y a qué queda expuesta esa población? A confrontaciones, amenazas y riesgo de reclutamiento forzado por parte de los diferentes grupos ilegales que delinquen en el país, dice la Defensoría del Pueblo en un comunicado, en el cual alerta que “todo ello impide el restablecimiento de derechos y garantías de no repetición”.
De acuerdo con esa entidad, cuya misión es la promoción y la protección de los derechos humanos, “fueron 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias”.
Eso equivale a unas 11.150 personas, 90 % de las cuales pertenecen a comunidades étnicas del Pacífico colombiano. También han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense, agrega la Defensoría.
Los hechos los atribuye la entidad a “disputas territoriales” entre los diferentes grupos armados ilegales en las comunidades rurales indígenas, en comunidades negras y campesinas, así como en zonas urbanas, como en el Distrito de Buenaventura.
Esos grupos son, entre otros, facciones disidentes de las Farc (frentes 36 y 18), el Eln, el Bloque ‘Virgilio Peralta Arenas’ (‘Caparros’) y grupos de crimen organizado contra las AGC en el noroccidente del país (occidente y suroeste antioqueños, Bajo Cauca, Sur de Córdoba), enfrentados por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como la captación ilícita de rentas provenientes de la minería ilegal y trata de personas, entre otras.
“Son hechos que aterrorizan a la población con homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños […], amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control poblacional”, agrega la Defensoría en su boletín.
Lo grave es que, para la Defensoría, los escenarios de estas situaciones se multiplican en el país, y en ellos participan diferentes grupos del crimen organizado bajo múltiples denominaciones (que cambian según los territorios), que entre el primero de enero y la fecha han provocado desplazamientos forzados, homicidios, masacres, confinamientos, asesinatos de líderes sociales, amenazas contra líderes indígenas, asesinatos de excombatientes, entre otros delitos, particularmente en el suroccidente del país, Catatumbo y la frontera colombo venezolana.
