La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 y el 20 de enero hubo al menos cinco hechos violatorios del cese al fuego que el gobierno Petro pactó con cuatro organizaciones alzadas en armas.

Pese al cese al fuego que algunos grupos armados pactaron con el gobierno de Gustavo Petro a principios de año, la Defensoría del Pueblo denunció este miércoles que durante las primeras tres semanas de 2023 hubo al menos cinco acciones violentas que pusieron en entredicho el acuerdo y que podrían haber puesto en riesgo a la sociedad civil.

Según el organismo, que adelanta un monitoreo especial a las vulneraciones a los derechos humanos en el marco del proceso de paz que impulsa el Ejecutivo, entre el 1 y el 20 de enero hubo “acciones” ocurridas después de emitidos los decretos de cese al fuego.

“Todos los hechos ocurrieron en el suroccidente del país y, presumiblemente, habrían involucrado a facciones disidentes de las antiguas Farc-EP adscritas al Comando Coordinador de Occidente, macroestructura que se presume parte del denominado ‘Estado Mayor Central’ y en un evento, a miembros de la fuerza pública”, explicó la Defensoría, precisando que los casos tuvieron lugar en la zona costera de Valle del Cauca, norte y sur del Cauca.

Justamente, el pasado 31 de diciembre, Petro anunció que había acordado un cese al fuego bilateral con el ELN (que después desmintió la guerrilla), las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

El primer hecho se registró el 3 de enero, cuando hubo un hostigamiento contra la estación de Policía de Suárez (norte del Cauca), donde opera el Comando Coordinador de Occidente del Frente Jaime Martínez.

Posteriormente, el 4 de enero, integrantes de la Armada Nacional, en el marco de sus labores de patrullaje, habrían realizado disparos de advertencia ante el accionar de grupos armados ilegales en la comunidad de Primavera, en zona rural de Buenaventura.

En ese sector opera el Frente Jaime Martínez del comando coordinador de Occidente y el ELN.

Asimismo, el 9 de enero se presentó un hostigamiento contra las estaciones de Policía de Corinto, en Cauca. Allí opera el Comando Coordinador de Occidente, Columna Móvil Dagoberto Ramos. Ese mismo día se detectó un artefacto explosivo en el corregimiento La Toma, vereda Yolombó (Cauca), en la ruta que tenía prevista transitar el esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez.

“Aunque el hecho no ha sido adjudicado a ningún grupo armado, en la zona tiene presencia el frente Jaime Martínez”, declaró la Defensoría.

A todo esto se suma que el 11 de enero, en el municipio Patía (Cauca), habría sido retenido el sargento segundo del Ejército Juan Gabriel Chicanoi, quien para el momento de los hechos estaba de permiso. Por otro lado, el 15 de enero se reportó la retención de 3 soldados que transitaban en vías del Cauca. El Frente Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occidente de las Farc, entregó los 4 militares a una comisión humanitaria.

“Un compromiso con la paz total requiere de un cese total de cualquier afectación en materia de derechos humanos. Le pedimos al Gobierno que expida los protocolos donde se establezcan todos los detalles relacionados con el proceso de monitoreo y verificación”, dijo el defensor Carlos Camargo.

Por último, la Defensoría llamó la atención por acciones que, si bien no están relacionadas con el cese al fuego, sí son vulneratorias de los derechos de las comunidades. Uno de ellos ocurrió el 9 de enero en zona rural de Puerto Rondón (Arauca), donde se presentaron enfrentamientos armados entre el ELN y facciones disidentes del Comando Conjunto de Oriente de las Farc (perteneciente al Estado Mayor Central).

Así mismo, en Balboa (Cauca) y en Policarpa (Nariño), se monitorearon dos eventos en los que miembros de facciones disidentes del Comando Coordinador de Occidente hicieron demostración abierta de su presencia y capacidad de control social.