Hay varios del partido de Gobierno y hasta una persona de Alianza Verde. Se ha planteado contra ellos un proceso por presunto prevaricato, ¿pero se les puede denunciar por haber votado algo que ellos sabían que no debía hacerse de tal forma?

Un total de 35 senadores y 28 representantes reelectos son los que en su momento dieron el sí a la reforma a la Ley de Garantías que por decisión unánime la Corte Constitucional decidió tumbar este jueves.

Entre los congresistas aparecen miembros del Partido Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, “La U”, Partido Conservador y hasta de Alianza Verde.

Algunos de esos nombres los reseñó La W, cuyo listado tiene a senadores como Paola Holguín, Miguel Ángel Pinto, Mario Castaño, Lidio García, Efraín Cepeda y Arturo Char.

En la Cámara, por otra parte, votaron José Jaime Uscátegui, Julián Peinado, Ciro Rodríguez, Carlos Cuenca, entre otros.

Ellos son las principales caras del fuerte halón de orejas que el alto tribunal le hizo al Congreso. Así quedó consignado en el comunicado que derogó el artículo 124 de la Ley 1159, en el cual se calificó dicha aprobación como una “flagrante violación”a la Constitución.

Esto tiene su génesis en que el Congreso aprobó la reforma que se cayó bajo una ley ordinaria –la del Presupuesto General de la Nación– y no vía ley estaturaria, la cual trata de asuntos más trascendentales para el país y requiere mayor control.

Por eso, a juicio de la Corte, para el Legislativo era evidente cómo se adelantan este tipo de procesos. A pesar de eso, el artículo fue aprobado y ello condujo al “quebrantamiento de los principios constitucionales que fundamentan el diseño que el Constituyente previó”

Si bien los congresistas tienen inviolabilidad de voto parlamentario, es decir, no se les puede denunciar por el simple hecho de votar –sea cual sea la posición–, tras la decisión de este jueves se planteó desde algunos sectores un proceso en su contra por presunto prevaricato al haber aprobado algo que ellos sabían que no debía hacerse de tal forma.

No obstante, para la penalista Dalila Henao, eso no tiene mayor peso, pues según el artículo 185 de la Constitución, los congresistas no pueden ser investigados ni detenidos, juzgados o condenados por los votos u opiniones que hayan formulado en el ejercicio de sus funciones.

Así entonces –resalta la abogada–, por los votos o las opiniones emitidas en el ejercicio de sus actividades como congresistas, estos no serán investigados ni juzgados. Sin embargo, es posible estudiar si cometieron alguna conducta que acarree responsabilidad disciplinaria.

El listado de reelectos

El resto de representantes que aparecen son Yamil Arana, Wadith Manzur, Bayardo Betancourt, Ciro Rodríguez, Néstor Rico, Modesto Aguilera, Yenica Acosta, Juan Fernando Espinal, Óscar Villamizar, Carlos Ardila, Alexánder Bermúdez, Keyn González, Elizabeth Jay-Pang, Álvaro Monedero, Óscar Sánchez, Wilmer Carrillo, Teresa Enríquez, Hernando Guida, José Eliécer Salazar, Astrid Sánchez, Eliécer Tamayo, Milene Jarava.

Mientras que en el Senado los reelectos que apoyaron la reforma impulsada por el Gobierno son Esperanza Andrade, Juan Diego Gómez, Juan Samy Merheg, Carlos Trujillo, Juan Carlos García, Germán Blanco, Honorio Henríquez, Carlos Meisel, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Fabio Amín, Mauricio Gómez, Juan Diego Echavarría, John Jairo Roldán, John Moisés Besaile, José Alfredo Gnecco, Juan Felipe Lemos, José David Name, Berner Zambrano, Alfredo Deluque, Norma Hurtado, Ana María Casteñeda, Carlos Jiménez, Didier Lobo, José Luis Pérez, Antonio Luis Zabaraín, Carlos Fernando Motoa e Iván Name.

El salto de constitucionalidad

Otra de las puntas por las cuales fueron cuestionados es que al haberle dado el “sí” a la Ley de Presupuesto con una ley ordinaria, en el Congreso se saltaron el control constitucional previo que hace la Corte a reformas como la Ley de Garantías.

Esa edición, consideraron los magistrados, “impacta intensamente el ejercicio de las funciones que el Constituyente reservó para cada autoridad dentro del diseño institucional, en especial, la competencia de la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución”.

Por ahora, lo concreto es que $6,5 billones que habían en cerca de 3.300 convenios interadministrativos están en la cuerda floja, ya que hacen parte del paquete de contratos que con los efectos retroactivos que aprobó la Corte deberán reversarse.

El Colombiano