La medida es temporal, mientras se resuelve de fondo una tutela de asociaciones de víctimas.

En aras de proteger el debido proceso de una tutela formulada por víctimas del conflicto armado, el Consejo de Estado le ordenó al presidente de la República, Iván Duque, que suspenda de manera temporal la extradición del exparamilitar y narcotraficante Dairo Úsuga David, alias “Otoniel”.

La decisión fue tomada el pasado jueves por la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, y notificada públicamente ayer en respuesta a la demanda instaurada por representantes de varias asociaciones y comunidades indígenas, campesinas y de negritudes, la mayoría asentadas en la región de Urabá (ver el recuadro Paréntesis).

Los ciudadanos pusieron la tutela para proteger sus derechos a la verdad, justicia y reparación, que a su juicio se verían afectados si el Gobierno envía a Estados Unidos al máximo líder del cartel narcotraficante Clan del Golfo, el cual es solicitado por dos cortes federales por cargos de conspiración para traficar cocaína.

Los entutelados fueron la Presidencia, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, entidades que participan en el proceso de extradición.

El trámite ya está en su etapa final, luego de que la Corte Suprema avalara la solicitud de EE.UU. y Duque estampara su firma en la autorización.

“Allá lo están esperando en Disney. Creyó que se iba a burlar de Colombia y de las autoridades norteamericanas, pero no. Se va a ir a una cárcel en Estados Unidos, como le corresponde a esa rata”, declaró el Jefe de Estado la semana pasada, anunciando la cuenta regresiva para el viaje.

De acuerdo con la providencia del Consejo de Estado, los representantes de las víctimas, además de formular la tutela, solicitaron una medida provisional: que se suspendiera la extradición, mientras el tribunal analiza su petición.

“Solicitamos a los magistrados se sirvan suspender de manera inmediata la orden de extradición de Dairo Antonio Úsuga, hasta tanto no se resuelva de fondo la acción deprecada”, redactaron.

Entre sus argumentos, expusieron que “no existe medio de defensa judicial efectivo para la protección de nuestros derechos, toda vez que las víctimas no tienen participación en la extradición (…), pues este es un trámite entre el Estado colombiano, el estado requirente y el procesado, donde legalmente no se encuentra prevista la participación de las víctimas”.

Además de ordenarle a Duque que suspendiera el procedimiento, el Consejo les dio a las entidades entuteladas dos días para enviar la documentación requerida para analizar el pleito jurídico. Incluso “Otoniel” podrá hacer “las manifestaciones que considere pertinentes”, por tener interés en el resultado del proceso.

Tras recibir las pruebas de los implicados, la Corte tendrá un máximo de dos semanas para emitir su fallo de fondo.

“Otoniel” está detenido desde el pasado octubre, pagando una condena de 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán (Meta) y pendiente de la acusación por cerca de 500 crímenes de parte de la Fiscalía colombiana

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Paréntesis las víctimas que pusieron tutela

La tutela ante el Consejo de Estado fue interpuesta por representantes de las siguientes asociaciones, cabildos y comunidades de víctimas: la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica (Cavida), la Comunidad de las Camelias, el Consejo Comunitario Cabeceras; la Comunidad de Pichima – Quebrada del Litoral San Juan, Asoaiba, el Cabildo Mayor de Murindó, la comunidad de la Larga Tumaradó, la Comunidad Jiguamiandó, Comupaz y la Zona Humanitaria de Camelias. Estas poblaciones son, en su mayoría, del Urabá chocoano y antioqueño, donde los hombres bajo el mando de alias “Otoniel” han cometido múltiples crímenes durante dos décadas.

corte suprema avaló la extradición de “la negra”, pero condicionada

El 27 de abril de 2022, un día antes de que el Consejo de Estado ordenara suspender la extradición de “Otoniel”, la Corte Suprema de Justicia avaló la de su hermana Nini Johana Úsuga David (“la Negra”), cabecilla financiera de la organización ilegal el Clan del Golfo.

La mujer es acusada por la Corte del Distrito Sur de La Florida (EE.UU.), por su presunta participación en una conspiración para distribuir drogas en ese país.

La Sala de Casación Penal de la Corte emitió un concepto favorable para el trámite de extradición, aunque impuso un condicionamiento. En la acusación de EE.UU. se señala que la conspiración ilegal ocurrió entre 2011 y 2014, enviando la cocaína a esa nación por vía marítima. Sin embargo, la Corte solo avaló la extradición por los hechos ocurridos entre el 13 de diciembre de 2013 y el 1º de febrero de 2014, por considerar que ya fue juzgada en Colombia por esos mismos delitos cometidos antes de diciembre de 2013.

Nini Úsuga ya había sido condenada en 2014 a nueve años y tres meses de prisión por el Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de Medellín, por concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas, enriquecimiento ilícito, fuga de presos y otros cargos.

Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.