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Fiscalía acusa a tres empresarios involucrados en el caso Centros Poblados

Foto de archivo. Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia, 12 de febrero, 2020. REUTERS/Luis Jaime AcostaEn la tarde del martes 11 de enero de 2023, la Fiscalía General de la Nación confirmó que acusó formalmente a tres empresarios que, presuntamente, estarían involucrados en maniobras ilícitas que llevaron al

Fiscalía acusa a tres empresarios involucrados en el caso Centros Poblados

Foto de archivo. Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia, 12 de febrero, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Foto de archivo. Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia, 12 de febrero, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta

En la tarde del martes 11 de enero de 2023, la Fiscalía General de la Nación confirmó que acusó formalmente a tres empresarios que, presuntamente, estarían involucrados en maniobras ilícitas que llevaron al escándalo de Centros Poblados. Entre los cargos solicitados por el ente investigador se encuentran enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación.

El caso de Centros Poblados y el Ministerio de la Información y Comunicaciones sigue dando de qué hablar. El escándalo que le costó el puesto a Karen Abudinen sigue indignando a los colombianos por el manejo para la adjudicación del contrato que, en teoría, llevaría la conexión de internet a las escuelas rurales del país.

Frente al sonado caso, la Fiscalía General de la Nación confirmó que acusó formalmente al empresario Ottomar José Lascarro Torres, al corredor de seguros Juan José Laverde Martínez y a Juan Carlos Cáceres Bayona, presuntos implicados de llevar a cabo maniobras ilegales para quedarse con la adjudicación del contrato.

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Según la Fiscalía, luego de adelantar las investigaciones necesarias, existen evidencias suficientes para adelantar las acusaciones contra José Lascarro Torres y Juan José Laverde Martínez por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado.

Por otro lado, el ente investigador confirmó que a Juan Carlos Cáceres Bayona se le acusó por el delito de peculado por apropiación.

Según el informe entregado por el Ministerio Público, la investigación para esclarecer los hechos fue liderada por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada con la Corrupción, que permitió esclarecer las diferentes maniobras utilizadas por estos hombres para, posiblemente, engañar a los funcionarios del MinTic.

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Las evidencias encontradas por los investigadores señalan el papel que cada uno de los empresarios tuvo en el entramado que llevó al escándalo pues, presuntamente, Laverde Martínez habría servido como intermediario para que Lascarro Torres prestara los nombres de dos de sus empresas con el fin de crear la unión temporal Centros Poblados.

Con esta triquiñuela, los dos hombres habrían logrado demostrar y acreditar la suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica solicitadas por el parte del ministerio y así, quedarse con el contrato de conectividad.

Una vez la los investigadores de la Fiscalía esclarecieron los posibles hechos, se estableció que la presunta manipulación de información por parte de los procesados, hizo incurrir en error a los funcionarios del Ministerio de la Información y Comunicaciones al expedir la resolución de adjudicación del contrato y avalar así, el giro de un anticipo por 70 mil millones de pesos.

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Dentro de las pesquisas adelantadas por los investigadores, se logró evidenciar que parte de los dineros girados como concepto de adelanto para la implementación del contrato de Centros Poblados fue destinado en otros asuntos ajenos al objeto del mismo.

Según la información que recopilaron los agentes, 9.062 millones de pesos, al parecer, fueron destinados por Cáceres Bedoya para la compra de inmuebles, vehículos y para préstamos a terceros.

También se conoció que, presuntamente, Emilio Tapia Aldana habría usado 300 mil dólares para cubrir el pago de las comisiones que, previamente, habían sido acordadas por la compra de experiencia de las empresas de Lascarro Torres y la posible intermediación de Laverde Martínez.

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