El proceso lo abrió la Procuraduría, según un edicto de notificación del 30 de diciembre. El ente estudia la responsabilidad de ambos funcionarios en la carencia de seguros de la hidroeléctrica.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, para determinar su responsabilidad en que el proyecto de Hidroituango no estuviera asegurado en 2021.

La decisión fue notificada a través de un auto emitido por ese órgano de control el pasado 23 de diciembre, en el que se ordena esclarecer el papel de ambos funcionarios en ese problema.

“Abrir indagación previa contra Daniel Quintero Calle, en calidad de alcalde mayor de Medellín D.C.T.I., en calidad de presidente de la Junta Directiva, Jorge Andrés Carrillo Cardoso en calidad de gerente y otros por determinar, miembros de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín – EPM, por la presunta omisión de la obligación de asegurar contra todo riesgo al proyecto hidroeléctrico Ituango en la vigencia 2021”, se lee en el documento.

La decisión de la Procuraduría toca uno de los puntos más sensibles del proyecto de Hidroituango, que tiene problemas para conseguir respaldos en el mercado asegurador a causa de su alto nivel de incertidumbre.

Tal como lo registró este diario en noviembre de 2021, la empresa confirmó desde ese año haber fracasado en su intento de conseguir un seguro para las obras faltantes del proyecto, viéndose en la obligación de constituir un fondo de autoseguro en caso de algún nuevo siniestro.

“EPM estableció como mecanismo de transferencia de riesgos un fondo de autoseguros de USD $23 millones que le permite, dentro de sus estimaciones estadísticas, gestionar la mayoría de las eventualidades asegurables que puedan afectar el desarrollo del proyecto”, informó entonces la empresa en un comunicado de prensa, publicado el 7 de noviembre de 2021.

Este mismo problema, cabe recordar, fue uno de los mayores dolores de cabeza en el proceso de licitación de las obras finales de la hidroeléctrica, cuya recepción de ofertas se aplazó cinco veces consecutivas principalmente por la decisión de EPM de exigir a los oferentes encargarse de resolver el aseguramiento del proyecto.

A través de un edicto fijado el pasado 30 de diciembre, se precisa que tanto Carillo como Quintero ya habrían sido notificados de la investigación.

Entre tanto, el ente de control aún no precisa quiénes serían los demás implicados en la investigación, en los que podrían encontrarse miembros activos de la actual junta directiva de EPM.

Jacobo Betancur Peláez

Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.