De las siete personas que fueron enviadas a la cárcel como medida de aseguramiento, por su presunta participación en el atraco de película a una fundición de oro de Medellín, solo una ha mostrado voluntad de aceptar su responsabilidad a cambio de beneficios judiciales.

Se trata de John Jairo Agudelo Ocampo, un desempleado de 55 años que cometió el peor de su vida al involucrarse, presuntamente, en el asalto. De los más de 40 hombres que participaron del mismo, el pasado 4 de noviembre, él fue quien llevó la peor parte: perdió un riñón de un balazo.

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía señaló que mientras una parte de la banda irrumpía en la fundición ubicada en El Poblado, Agudelo aguardaba afuera en una motocicleta sin placa, portando una pistola 9 milímetros con silenciador en la pretina, esperando a que salieran para apoyarlos en la huida.

Como es de público conocimiento, los planes no salieron como los delincuentes pretendían. Una patrulla de vigilancia se percató de que algo raro ocurría y se armó una brutal balacera a pleno mediodía, en la avenida Las Vegas.

En el tiroteo con los policías, Agudelo recibió un balazo que le perforó el abdomen y fue capturado al caer de la moto. Los mismos uniformados lo trasladaron a urgencias del Hospital General de Medellín, donde según el parte médico la bala ingresó por el costado derecho de la cadera y se alojó al lado de la zona lumbar de la columna; también tenía una herida por proyectil en el tobillo izquierdo.

El tiro que penetró en su abdomen comprometió uno de los riñones y el hígado. “Se evidencia estallido renal, pero sin sangrado activo ni salida de orina, neumo y hemoperitoneo, así como contusión hepática, signos de irritación peritoneal”, diagnosticaron los médicos.

Agudelo sobrevivió a la cirugía y apenas le pasó el efecto de la anestesia, comenzó a asistir a las audiencias de manera virtual, desde su camilla en la sala de recuperación, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías.

Un estudio balístico de la Sijín confirmó que la pistola Pietro Beretta que le incautaron había sido utilizada en tres homicidios perpetrados entre mayo y octubre de 2019 en Medellín y Bello, tal cual informó en primicia EL COLOMBIANO.

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La Fiscalía le imputó cargos por hurto calificado y agravado, en concurso con porte de arma de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, falsedad marcaria y receptación. Por sugerencia de su defensa jurídica, no aceptó los cargos inicialmente.

Si lo hubiera hecho, podría obtener una rebaja de la pena. Sin embargo, al haber sido capturado en flagrancia, los beneficios terminarían siendo inferiores a los que lograría si posteriormente negocia un acuerdo con la Fiscalía, en el que acepte algunas de las imputaciones, a cambio de rebajas mayores en la condena.

Agudelo recibió el alta médica el 11 de noviembre y fue trasladado a la estación de Policía de El Poblado. Aunque su defensa trató de que le dieran detención hospitalaria, para que continuara su recuperación, el juzgado le dictó medida de aseguramiento intramural, en una cárcel que definirá próximamente el Inpec.

Allegados al detenido informaron que al parecer aceptó participar del hurto por una difícil situación económica, aunque no dijeron cuánto dinero recibiría por ello. Agudelo vive en Robledo, es viudo y padre de cuatro hijos. Las fuentes comentaron que a sus 55 años ya nadie le daba trabajo legal.

Debido a sus malas decisiones, ahora se enfrenta a una sentencia que ronda los 12 a 30 años de prisión, con un estilo de vida deplorable por las secuelas del balazo. El preacuerdo que haga con la Fiscalía tendrá que ser avalado por un juzgado de conocimiento.

Además, la investigación subsiguiente por los tres homicidios vinculados con la pistola podría generarle nuevas acusaciones en el futuro.

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Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.

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