La alerta la lanzó Acemi, que le pidió al Congreso evitar que el sistema de salud se vea afectado con el reacomodo del presupuesto general del próximo año. También se pronunció Gestarsalud.

Ante la confirmación de que se entregarán menos recursos de los esperados para las entidades prestadoras de salud (EPS), lo que podría impactar sobre la atención de los usuarios y pacientes del sector salud en el país, diversos sectores que trabajan con el tema se unieron para levantar su voz y pedir que se proteja el sistema.

En medio de la discusión en el Congreso de la República sobre las partidas del siguiente presupuesto, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Legal (Acemi) instó al Gobierno a tener en cuenta que “el próximo año aumentaría el costo de las atenciones de salud”. Por eso, de forma explícita, pidió no disminuir la asignación de recursos adicionales a este sector.

La controversia en torno a los recursos a la salud para el 2023 luego de que la anterior administración del Ministerio de Salud, comandada por Fernando Ruiz, dijera que el rubro de aseguramiento –la plata que se les gira a las EPS– necesitaba $4 billones, pero la ministra Corcho señaló que solo pedirán solo $2,12 billones. Esta asignación de dinero se hace por vía de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son los recursos que le corresponden a las EPS por cada afiliado.

Al respecto, Acemi aseguró que “el inminente desfinanciamiento del sistema de salud” representaría un riesgo “para la salud y la vida de los colombianos, y para la garantía de los ingresos de los trabajadores del sector”.

En un comunicado, el gremio planteó que –durante el próximo año– el costo de las atenciones de salud a los pacientes y usuarios se dará por cuenta de “tendencias como el envejecimiento de la población, la entrada de nuevas tecnologías al país y el poscovid”, así como “la inflación, la devaluación y el incremento del salario mínimo”.

“Reducir el flujo de recursos en el sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario, este último la mayor preocupación que tenemos”, advirtió Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.

Otro asunto que “podría configurar una crisis para el sector salud el próximo año” son los traslados de usuarios de las EPS que están en medidas de vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud.

Según las estimaciones de Acemi, se requieren al menos $76 billones para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y $4,88 billones para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios (presupuestos máximos).

Ante toda esta polémica, el propio Ministerio de Salud anunció para este miércoles una rueda de prensa –encabezada por Corcho– para revelar lo que, a su juicio, es la situación fiscal del sector salud.

En una vía similar se pronunció Gestarsalud, que agrupa a 11 EPS del régimen subsidiado. Sus voceros indicaron que se avecina, según las estimaciones del Gobierno, “una disminución de 2,1 puntos porcentuales. Esto en números absolutos significaría disminuir los valores del rubro de aseguramiento de 4 a 2,2 billones de pesos, sin tener en cuenta que para el año 2022 el incremento que se aplicó a la UPC fue del 5,6 por ciento y hoy la inflación alcanza más del 9 por ciento”.

Además, de acuerdo con un comunicado que sacaron este mismo martes, “vale recordar que la metodología para el cálculo del valor de la UPC se ha construido y mejorado a lo largo de 17 años y ha sido objeto de valoración, análisis y generación de evidencias por autoridades académicas, científicas, económicas y sociales nacionales e internacionales y es considerada un avance del país”.

En medio de la alerta, que coincide con la de Acemi, Gestarsalud advirtió que “no contar con los recursos de presupuestos máximos que superan los cálculos iniciales hechos para el año 2021 y que ya fueron debidamente prestados a los afiliados así como la disminución de los recursos para el aseguramiento para el año 2023 representa para las EPS un déficit en la disponibilidad de los dineros requeridos para continuar con la garantía de la prestación de servicios y la administración del riesgo en salud, pero también una afectación para las IPS y proveedores en el flujo de recursos en todo el territorio nacional”.

El Colombiano