Una juez de control de garantías en Bogotá decidió mantener la medida de aseguramiento contra tres jóvenes, a quienes el Ejecutivo postuló como “voceros de paz”. Reclamó que no hay suficiente claridad en el marco jurídico y normativo.

Vuelve y juega. Una juez de control de garantías se negó este viernes a autorizar la libertad de tres jóvenes procesados por delitos durante el paro nacional de 2021, quienes habían sido postulados por el gobierno de Gustavo Petro para asumir el rol de “voceros de paz”.

Se trata de Steven Guevara Vega, Luidiar Felipe Camacho Chávez y Daniel Fernando Ruiz, los mismos tres jóvenes a quienes el pasado 12 de enero el Juzgado 28 Penal de Conocimiento de Bogotá se abstuvo de autorizarles la libertad por falta de competencia.

En esta oportunidad, la juez 32 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá señaló que no había suficiente claridad en el marco jurídico y normativo para dar vía libre a la excarcelación.

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“Se concluye que el legislador, desde 1997 hasta su última prórroga en 2022, ha querido que cuando se adelanten diálogos con grupos armados organizados solamente se pueden suspender órdenes de captura contra quienes figuren, funjan o se designen como representantes o voceros de esos grupos”, indicó la juez durante la audiencia.

En esa línea, argumentó que la ley de paz total y las resoluciones del Gobierno que dieron piso jurídico a la solicitud “no dicen nada” sobre la suspensión de las medidas de aseguramiento, una libertad provisional o definitiva o el acceso a algún beneficio.

“No es pensable que con la expedición de la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones presidenciales del 29 de diciembre se puedan suspender unas medidas de aseguramiento y se pueda con ese fundamento otorgar la libertad a tres personas que ni siquiera se demuestra la pertenencia a un grupo armado y que en caso de que así fuera, tampoco tendrían lugar a la libertad por esa razón”, explicó.

Esta semana se conoció que la Fiscalía llamará a interrogatorio a la única jueza que ha autorizado libertades para los de la Primera Línea por petición de la Casa de Nariño. Se trata de Lilyan Bastidas Huertas, quien funge como coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá y que fue denunciada por la Procuraduría tras dar vía libre a la liberación Santiago Márquez Charris y Adriana Bermeo Súa.

Ambos son los únicos procesados por delitos durante el paro nacional de 2021 que han recobrado la libertad al amparo de la figura de gestores de paz, pese a que el Ejecutivo ha postulado a otros 15 jóvenes para ser excarcelados.

Acogiendo los reparos formulados por el Ministerio Público, el fiscal llamó a la funcionaria a dar explicaciones. ¿La razón? Según el ente que dirige Margarita Cabello, tuvo que haber sido un juez de control de garantías y no la jueza Bastidas quien firmara las órdenes de libertad de los jóvenes. Lo anterior, teniendo en cuenta que cumple un rol más administrativo que judicial.

El Colombiano