Una jueza federal suspendió de manera temporal una política firmada por la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, que exigía a los miembros del Congreso avisar con una semana de antelación antes de visitar centros de detención de inmigrantes.
De acuerdo con AP, la jueza del distrito en Washington Jia Cobb determinó que la administración Trump no había presentado “ejemplos concretos de problemas de seguridad que puedan plantear las visitas legislativas sin aviso previo”.
“Los demandantes han demostrado una probabilidad sustancial de éxito en su reclamo de que la política de notificación del 8 de enero es contraria a la ley y excede la autoridad legal de los demandados”, señaló la jueza en el fallo.
En el mismo escrito, aseveró que el requisito de notificación causó un “daño irreparable” a los miembros del Congreso al impedirles obtener información sobre los centros de detención.
“La política del 8 de enero es una acción arbitraria y caprichosa de la agencia. Los demandantes han demostrado que sufren un daño debido a esta normativa. Y este factor juega a su favor”, agregó.
Cobb había suspendido la normativa en diciembre del año pasado al argumentar que contradecía la Sección 527(b), que estipula un aviso de 24 hs solo para el personal y no para los miembros del Poder Legislativo.
“El hecho de que la ley parezca excluir la permisibilidad de un requisito de notificación previa para los empleados del Congreso respalda aún más la interpretación de los demandantes de la ley, que considera que dichos requisitos de notificación previa no son permisibles para ellos”, dijo la jueza en el escrito.
No obstante, el 8 de enero de este año, Noem emitió otro escrito que describía nuevas restricciones a las visitas a los centros de detención de inmigrantes. La medida fue publicada un día después de que un agente federal disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis.
En el fallo, se obligaba a los miembros del congreso a que cualquier solicitud para visitar un centro de detención debía enviarse con siete días de antelación. El pedido debía efectuarse bajo los siguientes pasos:
Si un miembro del Congreso presentaba una solicitud para reducir el tiempo de preaviso, esto debía ser aprobado por la secretaria de Seguridad Nacional.
El documento remarcaba que el aviso anticipado era necesario para garantizar la protección de los congresistas y evitar los entornos caóticos que la secretaria denominó “trucos publicitarios estilo circo”.
“Estos preavisos son necesarios para asegurar la protección adecuada a los miembros del Congreso, su equipo y empleados del ICE. Las visitas no notificadas apartan a los oficiales de sus deberes”, detalla la normativa firmada por Noem.
Preguntas y respuestas para entender qué pasa con el ICE a partir de ahora
¿Qué resolvió la jueza federal?
Suspendió de forma temporal la política que obligaba a los miembros del Congreso a avisar con siete días de anticipación antes de visitar centros de detención de inmigrantes.
¿Por qué consideró inválida la medida?
La jueza determinó que el gobierno no presentó ejemplos concretos de riesgos de seguridad que justificaran la restricción y sostuvo que la normativa probablemente excede la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional.
¿Qué establecía la política impulsada por la secretaria?
Exigía que las solicitudes de visita se enviaran con una semana de antelación a la Oficina de Relaciones Congresionales, detallando fecha, lugar, duración y cargos de los visitantes, y requería aprobación especial si se pedía reducir el plazo.
¿Qué dice la ley vigente sobre estos avisos?
Según la interpretación del tribunal, la legislación solo contempla un aviso previo de 24 horas para empleados del Congreso, no para legisladores, lo que debilita el fundamento del requisito de siete días.
¿Qué implica el fallo para el Congreso y el ICE?
La decisión mantiene la facultad de supervisión de los legisladores sin el límite de la semana de preaviso mientras el caso continúa en los tribunales, y representa un revés legal para la política promovida por la secretaria de Seguridad Nacional.