El contrato para conectar las cámaras de Medellín con base de datos oficiales fue demandado en Procuraduría.

La idea parece de ficción, pero comienza a ser realidad, y como casi todas las realidades que acontecen en la ciudad, no está exenta de polémica debido a la sospecha de que alberga un “guardado”. Se trata de que las cámaras de seguridad instaladas en Medellín permitan reconocer si en un punto específico hay algún delincuente. Eso se logra conectando el circuito de las cámaras con la base de datos de la Policía donde figura la información de las personas con antecedentes penales a nivel nacional.

El proceso, en términos sencillos es el siguiente: al poderse hacer un comparativo de las imágenes obtenidas con los archivos de la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol), en las pantallas del 123 aparece el posible delincuente. Si bien la certeza no es plena, como no lo es con ningún sistema de identificación en el mundo, según le dijo un experto a EL COLOMBIANO, sí se obtiene una confiabilidad del 85%, y con base en eso los policías pueden pedirle a la persona su documento para alcanzar la seguridad total sobre los datos.

El asunto acá es que, con el argumento de que se habrían violado normas de contratación y transparencia, una firma denominada Control Social de la Gestión Pública de Colombia SAS., actuando como veedora, le pidió a la Procuraduría General de la República que investigue el contrato mediante el cual le asignaron el desarrollo de la herramienta que permite hacer eso a una empresa de tecnología, Integradores SAS., con un valor de 3.738 millones de pesos.

Por el principio general de pluralidad que rige para las entidades del Estado, estas deben darles prioridad a los concursos públicos cuando necesitan adquirir un bien o un servicio. En este caso, en concepto de los denunciantes, de acuerdo con un documento que conoció EL COLOMBIANO, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín debió aplicar ese principio, pero no lo hizo y en cambio habría adjudicado el contrato a dedo a través de la Secretaría de Seguridad, con el argumento de que nadie más, sino Integradores, tenía lo que la ciudad necesitaba.

En consecuencia, la veeduría, que tiene su sede principal en Bogotá, le solicita al Ministerio Público que “aplique la función de intervención en su calidad de sujeto procesal”, “la cual no es facultativa sino imperativa”, “ante las jurisdicciones contencioso administrativa y las autoridades administrativas y de policía”, por considerar que en este caso se violaron garantías fundamentales relacionadas con la contratación.

Las mismas inquietudes se las planteó la veeduría en un derecho de petición que le envió al secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, José Gerardo Acevedo.

“Una vez verificado el mercado no se encontró otro proveedor con servicios tecnológicos de iguales o similares características conforme lo expresa la casa matriz propietaria de los derechos inmateriales del aplicativo personalizado Herta-Abis diseñado específicamente para la Dijín, con una compatibilidad nativa con el sistema facial Herta Security, propiedad de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, determinando que no existe pluralidad de oferentes para la prestación de dichos servicios”, fue la respuesta del funcionario, si bien no anexó el el estudio de mercado, como tampoco estaba incorporado al portal de contratación pública Secop cuando este diario ingresó a verificar.

Como remate, Acevedo adjunta un certificado en el que la empresa Integradores SAS aparece como distribuidor exclusivo de Herta, la firma española dueña de la tecnología que se debe aplicar para conectar las cámaras de seguridad con la plataforma que contiene la información de la Policía sobre antecedentes penales (ver facsímil).

Más que un contrato en juego

¿Y por qué se interesa una firma europea como Herta en un contrato que es de apenas 3.738 millones de pesos, que equivale apenas a 735.000 euros? Una fuente ligada con el tema explica que en juego habría una cifra muchísimas veces mayor debido a que hoy en día, en el Plan Integral Zonas Seguras de esta capital puede haber cerca de 2.900 cámaras; la idea es poner casi 200 cámaras más y que todas cuenten con un sistema de reconocimiento facial. La licencia del software por unidad, a los precios de Herta, valdría entre 15 y 20 millones de pesos, y como deben “conversar” mediante un mismo lenguaje informático, la empresa que provea este software se embolsillaría entre 43.500 y 58.500 millones.

Pero ahí no para todo, porque la intención del Gobierno Nacional es aplicar el Abis en todo el territorio colombiano, y como Medellín es reconocida por uso vanguardista de soluciones tecnológicas, el resto de los 1.104 municipios que están a la expectativa es muy posible que elijan el mismo tipo de cámaras y el mismo modo de funcionamiento.

Otra cosa que se le hizo extraño a Control Social de la Gestión Pública fue por qué en esta ocasión la contratación se hizo de manera directa por la Secretaría de Seguridad y Convivencia y no a través de la Empresa de Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), como normalmente ocurre con la adquisición de herramientas tecnológicas que redunden en la seguridad de la ciudad.

Ante esta inquietud, Acevedo contestó que la ESU es “solo un integrante del conglomerado municipal” y que si bien en algunas ocasiones se ha usado para adquirir productos o servicios que requiere el Municipio, la dependencia a su cargo es autónoma para contratar.

Faltando poco menos de un mes para finalizar el contrato —la fecha original de terminación era el 31 de diciembre pero fue prorrogado hasta finales de enero— una persona que se identificó como vocera de una de las empresas que estaban interesadas en concursar y se quedó en el camino, Botari Internacional SAS, le confirmó a este diario que posiblemente instauren una demanda, porque consideran que les vulneraron sus derechos ya que, curiosamente, también tiene un certificado que la acredita como representante de Herta en Colombia. El documento vence en 2023, con lo cual se pone en cuestión el carácter de exclusividad de Integrados y de paso desvirtuaría el pretexto del Distrito para no sacar a concurso abierto el suministro de esta tecnología.

El vocero de Botari les dijo a periodistas de este diario que Herta tampoco es el único posible proveedor de la tecnología para el reconocimiento facial y que, en realidad, existen por lo menos diez proveedores internacionales —con sede incluso en Bogotá—, pero curiosamente les han puesto cortapisas y en la Secretaría de Seguridad y Convivencia ni siquiera los han recibido para escucharles sus propuestas. Es más, asevera que prestando la misma utilidad, costaría mucho menos y a eso se añade que cada licencia valdría alrededor de 1.000 dólares mientras que las de Herta salen a alrededor de 4.000 dólares.

La petición en concreto, tanto de la firma Control Social de la Gestión Pública, como de Botari, es que el Distrito defina la nulidad del contrato o que por lo menos lo suspenda mientras que un juez toma una decisión de fondo.

EL COLOMBIANO se comunicó con Integradores pero no quisieron hablar del tema y en la Secretaría de Seguridad y Conviencia de Medellín dijeron que Acevedo está en vacaciones y es el único que podría referirse al asunto.

$3.738

millones vale el contrato para conectar cámaras de seguridad con bases de datos de la Policía.

Si tiene más información de este tema, o de otros que impliquen corrupción, escríbanos a investigaciones@elcolombiano.com.co

PARA SABER MÁS UNA EstrATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Abis tuvo su primera versión hace unos 5 años, cuando el Gobierno Nacional contrató con la UT Tecnocom 2017, utilizando la tecnología de la española Herta. No obstante, se había suspendido debido a que su nivel de prioridad bajó por las vicisitudes de la pandemia del covid-19. Es una evolución del Afis, que se basa en el reconocimiento dactilar. En 2021 se reactivó con recursos del Ministerio del Interior, que tiene destinados alrededor de $17.000 millones con el fin de transferirlos a las administraciones locales para que implementen esta tecnología.

En Medellín hay un antecedente: la instalación del reconocimiento facial en el estadio Atanasio Girardot que se hizo a través de la japonesa NEC.

A nivel internacional se ha polemizado por el control extermo que ha permitido el reconocimiento facial en algunos países como China, Rusia e incluso EE. UU. En este último país algunas ciudades han decidido aplazar su uso.

El Colombiano