Tres de quienes interpusieron la acción han estado adscritos a Terminales Medellín y EnCicla.

Justo cuando Medellín estaba pendiente del pronunciamiento del registrador nacional sobre si avala definitivamente o no las firmas para la revocatoria del alcalde Daniel Quintero —tras la impugnación que este último hizo de las mismas— cayó como un baldado de agua fría la noticia de que un juez aceptó una tutela en contra de la Registraduría para que suspenda el proceso mientras se resuelve si hubo o no suplantación de firmas.

El registrador Alex Vega tiene hasta el próximo lunes festivo para decir si las firmas cumplen definitivamente los requisitos. Y en teoría debería dar su visto bueno pues suponiendo que el registrador les acepte esa impugnación, y se borraran las 30.000 firmas que dice la Alcaldía que encontró equivocadas, aún serían válidas 103.248 que son más de las 91.000 que se necesitan.

Y en esa medida, esto también se aplica a la tutela. En caso de que el juez invalide las firmas que están en discusión seguirían siendo más de 91.000 las firmas válidas y -otra vez en teoría- no debería afectar la convocatoria a las urnas para la revocatoria.

Sin embargo, más allá de las cuentas, lo que llama la atención es la tutela misma: han surgido dudas sobre si quienes interpusieron esta acción legal lo hicieron por su voluntad o fueron obligados. Y de llegar a probarse sería la Alcaldía la que tendría que responder por una presunta presión indebida.

La historia es la siguiente. El concejal del Centro Democrático Alfredo Ramos denunció el lunes 3 de enero a las 4:22 de la tarde en su twitter que estarían amedrentando a contratistas de la Alcaldía que firmaron para la revocatoria del Alcalde Quintero. “Los reunieron, les quitaron los celulares (como siempre) y los obligaron a poner denuncia de supuesta suplantación si querían mantener el contrato”, escribió.

EL COLOMBIANO ese mismo día ubicó a quien hizo la denuncia, y pudo corroborar que se trata de una persona reconocida en la ciudad y de entero crédito. La testigo le contó a este diario que ese mismo día, lunes en la mañana, habían reunido a unas 30 personas, en el auditorio de la Terminal de Transporte del Norte, todas contratistas relacionados con programas de esta entidad.

Este medio siguió investigando y un funcionario de la Terminal de Transporte le comentó que esas reuniones, alrededor de las firmas de la revocatoria, las estaban haciendo desde antes del 31 de diciembre. En ese momento nos abstuvimos de publicar la información mientras se lograba conseguir más pruebas y testimonios, toda vez que a los asistentes les quitaron sus teléfonos celulares y no pudieron grabar lo ocurrido allí.

Lo primero que les dijeron en la reunión del lunes, según la testigo, fue que no les iban a renovar el contrato por haber firmado. Pero, a renglón seguido, les explicaron que si ellos consideraban que les habían suplantado sus firmas, ahí se encontraba un abogado que les iba a dar unas instrucciones para denunciar ante las autoridades.

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“Una persona comentó que ella no había firmado nada y como buscaron la cédula y vieron que no estaba en el listado de la revocatoria, le dijeron que se podía ir”, detalló la fuente.

La gran sorpresa es que EL COLOMBIANO halló una coincidencia que parece corroborar las anteriores versiones. De los doce suscriptores de la tutela contra la Registraduría, tres están vinculados con las Terminales y con el sistema EnCicla, programa que administra la empresa Terminales Medellín mediante contrato interadministrativo con el Área Metropolitana.

De hecho, el segundo en firmar es Jhon Jairo Suárez Sánchez, un hombre de 64 años a quien el Área Metropolitana destacó el año pasado por ser el más veterano de los operadores del sistema público de bicicletas. Igualmente ha actuado como representante legal de la junta de acción comunal del sector Capilla del Rosario (Belén).

Además, Diego Alberto Vargas Alzate y Ramiro Antonio Hoyos figuran en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) como funcionarios de la empresa Terminales Medellín.

EL COLOMBIANO trató de comunicarse con ellos en sus puestos de trabajo para conocer su versión pero no lo logró. Además, les solicitó a voceros de la revocatoria que revisaran si, efectivamente, los tutelantes aparecen en las planillas de la revocatoria y corroboraron que la firma de Suárez Sánchez, por ejemplo, aparece repetida en las listas. “Esa firma de Suárez aparece tres veces y las firmas no las eliminaron por malas sino por registro duplicado. O sea que las tres veces firmó bien”.

Cabe recordar que desde la Alcaldía hicieron una fuerte campaña en los últimos días del año con la “narrativa” de la suplantación de las firmas. Las autoridades tendrán que determinar si, en efecto, sí fueron suplantadas o si por el contrario es una estrategia con filigrana diseñada desde el piso 12 de la Alpujarra.

Quintero impugnó la recolección de firmas, presumiblemente con el objetivo de ganar tiempo. A la par, su staff más cercano ha cuestionado en redes sociales la validez de las rúbricas aduciendo posible falsedad. De hecho, en un video, el secretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez —hoy alcalde encargado— aparece junto a su mamá denunciando que aunque aparece en una planilla, ella no ha firmado nada.

El plazo de la Registraduría para definir si le da más tiempo a la Alcaldía para revisar las planillas, lo cual dilataría los plazos de la revocatoria, se vence el próximo lunes. Y ha trascendido que el Juez Quinto espera a su vez esa decisión antes de dar su fallo

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Para saber más EL COSTOSO ABOGADO DEL ALCALDE DANIEL QUINTERO

A la defensa del Alcalde se incorporó en los últimos días el abogado Alfonso Portela, quien ha sido registrador delegado para asuntos electorales y consultor electoral. De hecho, levanta suspicacia el saber de dónde saldrán los altos honorarios que este cobra –alrededor de 100 millones de pesos, según se ha dicho–. Una de sus primeras apariciones en público como defensor del mandatario fue en la impugnación del concepto de la Registraduría sobre las firmas. Desde el comité de la revocatoria opinan que se trata de una acción que solo busca dilatar, porque Quintero no tiene pruebas que sustenten sus señalamientos de supuestas inconsistencias.

El Colombiano

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