El precandidato presidencial Sergio Fajardo fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado. El hecho se confirmó durante la audiencia de acusación que se dio en la mañana y tarde de este lunes ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Además de la acusación formal, el proceso también tuvo dos novedades más, pues la Contraloría General y la Gobernación de Antioquia pidieron ser acreditadas como víctimas en el proceso que lleva el precandidato de la Coalición Centro Esperanza.

Así las cosas, la Sala decidió aceptar la solicitud, lo que implica que las entidades podrán participar en la audiencia, hacer preguntas a los testigos y emitir sus conceptos en los alegatos de conclusión.

Este proceso tiene como origen un préstamo que Fajardo avaló como gobernador de Antioquia, en el que, según la Fiscalía, se generaron pérdidas por 320.000 millones de pesos para el departamento. Así mismo, los representantes de las entidades, aseguraron que el exgobernador generó un detrimento en el patrimonio de la Nación, en hechos ocurridos durante 2012-2015, durante su mandato.

Mauricio Pava, abogado de Fajardo, no se opuso a la petición de la Contraloría de ser acreditada como víctima, pero dejó constancia de que el ente de control revisó los contratos y dio vía libre para que se llevaran a cabo.

La audiencia que se realizó este lunes fue solicitada por el fiscal Francisco Barbosa por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

El caso

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El contrato que ha generado esta disputa se firmó el 5 de diciembre de 2013 con el Banco Corpbanca Colombia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), para otorgar un empréstito por la suma de 98 millones de dólares con destino a la sustitución de unas deudas a cargo del contratante. Esto implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos.

La Fiscalía aseguró que lo anterior terminó en un presunto detrimento fiscal porque, en el momento del desembolso, el dólar costaba 1.926 pesos colombianos, pero en 2015 ya superaba los 3.140 pesos.

Los investigadores establecieron que en este caso tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.

Por su parte, Fajardo aseguró que la investigación es “absurda” y sostuvo que demostrará con todas las pruebas testimoniales y documentales su inocencia. “Adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible”, precisó Fajardo, quien además agregó que dicho contrato cumplió con todos los requisitos de ley.

“Tengo la convicción de haber obrado correctamente. Jamás he cometido un delito, y eso demostraré ante la Corte Suprema”, dijo el precandidato en un comunicado.

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