Saul Villar Jiménez, abogado del alcalde de Villavicencio, cobró más de $70 millones sin haber realizado los servicios contratados. Esta situación ha sido revelada por la Contraloría, que investiga un posible daño patrimonial al municipio.
El alcalde Alexander Baquero Sanabria está involucrado en este escándalo que ha generado preocupación en la comunidad de Villavicencio.
¿Qué reveló la Contraloría sobre el abogado del alcalde?
La Contraloría municipal de Villavicencio ha abierto un proceso de responsabilidad fiscal por un monto de $71.100.000 debido a la falta de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de Villar Jiménez.
La investigación comenzó tras una denuncia anónima recibida el 26 de diciembre de 2025, que alertó sobre la posible irregularidad en los pagos realizados al abogado.
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Detalles del contrato y la denuncia
El contrato firmado por Villar Jiménez estipulaba la prestación de servicios profesionales como asesor jurídico externo. Sin embargo, la Contraloría no pudo verificar el cumplimiento de estas obligaciones.
¿Quiénes son los responsables en esta situación?
Además de Saul Villar, la Contraloría ha identificado al supervisor del contrato, William Velásquez Prieto, como presunto responsable fiscal. Se le acusa de no ejercer el control adecuado sobre la ejecución del contrato.
Esta situación ha puesto en tela de juicio la gestión del alcalde Baquero, quien fue responsable de nombrar a Velásquez como supervisor del contrato en 2024.
Impacto en la administración municipal
La falta de supervisión y control ha generado un daño patrimonial significativo para el municipio de Villavicencio, afectando la confianza de los ciudadanos en su administración.
¿Qué medidas se están tomando en la investigación?
La Contraloría ha iniciado diligencias para escuchar a los presuntos responsables, así como a las aseguradoras involucradas, como La Previsora SA y Aseguradora Solidaria de Colombia.
Estas acciones buscan esclarecer la situación y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso de presunta corrupción.
Consecuencias de este caso para el alcalde
La investigación podría tener repercusiones significativas para el alcalde Baquero, quien se enfrenta a un creciente escrutinio público y político.
Detalles del contrato y su supervisión
El contrato firmado con Saul Villar Jiménez, que lo vinculó como asesor jurídico externo al despacho del alcalde, ha sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de la Contraloría municipal. Este acuerdo se firmó con el objetivo de que Villar Jiménez prestara servicios profesionales especializados, pero las irregularidades han puesto en tela de juicio su ejecución.
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La Contraloría encontró que el supervisor del contrato, William Velásquez Prieto, no cumplió con su deber de controlar y vigilar la ejecución del mismo. Esta falta de supervisión fue crucial, ya que permitió que se certificaran actividades que no contaban con el soporte necesario, lo que llevó a un daño patrimonial significativo para el municipio.
Adiciones y prórrogas del contrato
Un aspecto relevante del caso es que el contrato original fue modificado mediante adiciones y prórrogas. En octubre de 2025, se aprobó una adición de $15 millones 800 mil, lo que incrementó el monto total del contrato a $71.100.000. Esta acción ha sido señalada como parte de las irregularidades que contribuyeron al presunto daño patrimonial.
La falta de justificación para estas modificaciones ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos en Villavicencio. La Contraloría ha indicado que estas acciones deben ser investigadas a fondo para determinar la responsabilidad de los involucrados.
Implicaciones para la administración municipal
La apertura de este proceso de responsabilidad fiscal no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también plantea serias preguntas sobre la administración del alcalde Alexander Baquero Sanabria. La Contraloría ha notificado al representante legal del municipio para que colabore en la investigación, lo que indica que la Alcaldía podría considerarse una víctima en este caso.
Este tipo de situaciones puede tener repercusiones a largo plazo en la confianza de la ciudadanía hacia sus líderes y en la percepción de la gestión pública. La administración municipal deberá demostrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas para mitigar el impacto de este escándalo.
Intervención de aseguradoras
Además de los presuntos responsables fiscales, la investigación también ha vinculado a La Previsora SA y a la Aseguradora Solidaria de Colombia como terceros civilmente responsables. Esto sugiere que las aseguradoras podrían tener un papel en la evaluación de los daños y en la eventual compensación por los recursos que se consideran mal administrados.
La inclusión de estas entidades en el proceso resalta la complejidad del caso y la necesidad de un análisis detallado de todas las partes involucradas. La Contraloría busca asegurar que se tomen las medidas adecuadas para recuperar los fondos públicos que se consideran perdidos.
La situación actual pone en riesgo su administración y la confianza de los ciudadanos en su capacidad para gestionar el municipio.
El próximo desarrollo clave en esta investigación se espera en los próximos meses, donde se darán a conocer más detalles sobre las responsabilidades y posibles sanciones.
Actualización — 27/04/2026
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha presentado una demanda ante el Consejo de Estado para impugnar el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud. La solicitud incluye una medida cautelar que busca suspender la designación de Quintero de manera inmediata.
La acción legal cuenta con el respaldo de importantes figuras de la red hospitalaria pública de Medellín, quienes han firmado el recurso en apoyo a la demanda del alcalde. La radicación se realizó el lunes 27 de abril en la Sección Quinta del Consejo de Estado.
