Las autoridades del pueblo de Mason, en Tennessee, aprobaron convertir una antigua prisión estatal en un nuevo centro de detención para inmigrantes administrado por la empresa privada CoreCivic, pese a las protestas de residentes y activistas. Este complejo operará bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en línea con el endurecimiento de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump.
De acuerdo a Associated Press, esta instalación ubicada en Mason, un pueblo con poco más de 1300 habitantes, había cerrado en 2021 tras la orden del entonces presidente Joe Biden de dejar de renovar contratos con cárceles privadas. Sin embargo, Trump revirtió esa medida al asumir como presidente en enero de 2025.
El martes 12 de agosto, en una reunión realizada en el garaje de una estación de bomberos, el Consejo Municipal de Mason, el alcalde Eddie Noeman y el teniente alcalde, Reynaldo Givhan, votaron a favor de dos acuerdos clave:
La decisión generó rechazo entre parte de la comunidad, que cuestionó el impacto social y humanitario. Virginia Rivers, una integrante del Consejo, advirtió que alojar migrantes en Mason haría a la localidad “cómplice del trato abusivo” que, según denuncias, sufren los detenidos.
El alcalde Noeman defendió la reapertura del centro de detención con el argumento de que generará empleos y desarrollo económico. Mason, con poco más de 1300 habitantes y situado a 37 millas (60 kilómetros) de Memphis, enfrenta dificultades financieras y necesita inversiones en infraestructura. Antes de su cierre, la cárcel era el principal empleador local.
En este contexto, Noeman calificó el acuerdo como una “situación en la que todos ganan”, lo que provocó abucheos. “No es nada personal contra ningún inmigrante. Lo que busco es dar empleo a la gente”, enfatizó.
Por su parte, Virginia Rivers, antes de la reunión, había comentado a AP: «No me gusta lo que representa el ICE, cómo tratan a la gente”. Ya en la discusión, la funcionaria remarcó que algunos migrantes sin antecedentes penales son capturados por agentes de inmigración y separados de sus familias.
“Nosotros, como funcionarios del pueblo de Mason que fuimos elegidos por los ciudadanos, deberíamos considerar las consecuencias y el daño que esto causaría a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a las escuelas de Tennessee y a muchas familias”, añadió.
CoreCivic aseguró que la instalación creará cerca de 240 nuevos empleos con salarios de 26,50 dólares por hora para agentes de detención. También estimó que el centro generará:
En un comunicado, la empresa defendió su papel en la gestión de instalaciones: “Los servicios que brindamos ayudan al gobierno a resolver problemas de maneras que no podría hacer solo». Aún no hay fecha confirmada para la reapertura del centro.
CoreCivic, con sede en Brentwood, Tennessee, tiene un historial de demandas y sanciones. Entre 2022 y febrero de 2025, el estado la multó con US$44,7 millones en cuatro prisiones por problemas de personal.
Desde 2016, la empresa pagó más de US$4,4 millones para resolver alrededor de 80 quejas y demandas, incluidas aquellas por al menos 22 muertes de reclusos en seis centros de Tennessee.
“¿Cómo es posible que constantemente permitamos que estas organizaciones entren en comunidades y de alguna manera nos abrumen con los pocos dólares que arrojan sobre la mesa como migajas mientras se llevan la mayor parte de las ganancias a donde sea que vinieron?”, argumentó el activista Charles Watkins.
