Uruguay dio el primer paso para la legalización de la eutanasia, tras un largo debate en la Cámara de Representantes, en la antesala de lo que se da por descontado será su aprobación definitiva en el Senado y la entrada en vigor de la llamada ley de “muerte digna”.
El proyecto de ley se impuso por 64 votos sobre 93, con los votos de la bancada oficialista del Frente Amplio, que impulsó el proyecto, y la adhesión de legisladores del Partido Colorado y algunos del Partido Nacional, así como del único diputado del Partido Independiente.
La norma aspira a dar una muerte “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”. Para tener acceso a ella exige ser mayor de edad, mentalmente apto y estar transitando la etapa de una patología incurable que provoque “sufrimientos insoportables”. El paciente que requiera la eutanasia deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos.
Según los promotores de la iniciativa y buena parte de la opinión pública, la medida dará una salida digna a quienes estén en una situación límite. Se inscribe además en la tradición política de Uruguay, un país que ha marcado la agenda social y de derechos en América Latina.
“La eutanasia parte de la voluntad de la persona que está padeciendo una enfermedad incurable y dice -y lo manifiesta por escrito y lo firma ante el médico- que quiere que se le practique la eutanasia. Después tiene que reiterar ese consentimiento y al final lo tiene que expresar por escrito y ante testigos. Es decir, la voluntad de la persona es la clave de todo el proceso”, dijo a LA NACION el exdiputado colorado Ope Pasquet, quien presentó un primer proyecto de ley sobre la eutanasia en 2020.
“Es un proyecto también humanitario, de liberalismo humanitario, porque cuando nos encontramos con una persona que está sufriendo una enfermedad incurable e irreversible, que produce un grave y continuo deterioro en su calidad de vida y le produce sufrimientos insoportables, la respuesta no puede ser mirar para otro lado y decirle: ‘Bueno, arreglate como puedas’”, agregó.
En el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría y se da por hecha su aprobación, la expectativa es que se pueda votar antes de fin de año. El Ministerio de Salud podría reglamentar la ley en el primer semestre del año que viene y hacia mitad de año la eutanasia se haría realidad, según estiman los impulsores del proyecto.
Uruguay se sumará a la creciente lista de países que incorporaron la eutanasia en sus legislaciones, como España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda. En América Latina solo Colombia tiene algo parecido, aunque no por legislación sino mediante un fallo de la Corte Constitucional, que despenalizó la práctica en 1997. Lo mismo sucedió en Ecuador en 2024. En el resto de la región no hay normas que legalicen la eutanasia. En algunos países, como Perú, se registraron casos judiciales excepcionales.
El derecho a la eutanasia asistida comprende a los ciudadanos uruguayos naturales y legales y “a los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, según el texto, una cláusula que busca excluir cualquier oleada de “turismo eutanásico”, de extranjeros con sufrimiento indecible que viajen a terminar sus días en una clínica uruguaya.
En el mismo sentido, solo podrán facilitar la eutanasia los centros que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. “Solo ellos, por intermedio de los médicos y equipos de salud que integren sus cuadros funcionales”, podrán prestar el servicio, según el proyecto, creando otra barrera para el arribo de extranjeros, ya que no se permitirá la instalación de clínicas ad hoc.
Del mismo modo, la ley que promovió el expresidente José “Pepe” Mujica sobre la compra legal de marihuana no suscitó una andanada de argentinos y otros extranjeros lanzándose en una especie de caravana hippie a Montevideo, otro dato para tener en cuenta sobre el acceso a los extranjeros. La ley tenía estrictas regulaciones, como la actual, por lo que no cabe esperar que ahora suceda lo contrario.
La mayoría de los rechazos a la ley llegaron desde el conservador Partido Nacional, en la oposición desde el triunfo del frenteamplista Yamandú Orsi a fines del año pasado.
“Expusimos en el Parlamento en defensa de la vida. Creemos profundamente que cada persona merece cuidado, acompañamiento y dignidad hasta el final. La eutanasia no es el camino. Sigamos construyendo un país que proteja y valore la vida en todas sus etapas”, dijo en X el diputado Rodrigo Goñi, una de las voces más críticas.
“Se armó una coalición grande básicamente de colorados y frenteamplistas. Los que lideraron la crítica fueron los diputados blancos [Partido Nacional]. En el Senado va a salir sin ningún problema. Los que se oponen claramente a este proyecto son los más fervorosamente creyentes, que son la minoría”, dijo a LA NACION el politólogo Adolfo Garcé.
“Los blancos son los que los que lideraron la oposición a Batlle y Ordoñez y a la secularización en su momento y por lo tanto no es raro que sean diputados blancos los que los que no quieran votar y los que hayan hecho punta en esto del no a la eutanasia”, añadió Garcé, remontándose a las políticas liberales de principios del siglo XX.
Al igual que los legisladores, la opinión pública también está claramente volcada a favor del proyecto. Según un sondeo de la consultora Cifra, un 62% de los uruguayos está a favor y solo un 24% en contra de la ley.
“Más allá de la formulación de la ley, con la que algunos parlamentarios tuvieron sus discrepancias y fundamentaron su voto negativo, yo creo que lo importante es el concepto. El concepto de que Uruguay se dota de un mecanismo que garantiza a su población la posibilidad de una muerte digna y en las condiciones en las que la tecnología existente permita para minimizar el sufrimiento de la persona”, dijo a LA NACION el periodista y columnista político Mauricio Rabuffetti, quien también destaca la nueva norma entroncando en la corriente liberal del país.
“Yo creo que eso debe ser un derecho y en ese sentido Uruguay tiene una tradición. Uruguay es un país que ha buscado promover, aunque no siempre lo ha logrado, una ampliación de los derechos individuales”, concluyó.
