El Gobierno apostó por el pragmatismo con un solo objetivo: conseguir que la llamada “modernización laboral” sea ley antes del 1° de marzo para exhibir una señal de fortaleza a los mercados. Para ello, accedió a modificar artículos claves de la iniciativa para complacer a gobernadores, sindicatos y cámaras empresarias, al tiempo que aceptó propuestas de cambio de la oposición dialoguista para garantizarse sus votos.
Casi una treintena de artículos del proyecto fueron modificados y tres de ellos, eliminados. Los más relevantes son los siguientes:
-Se elimina la posibilidad del pago de salarios por medio de billeteras virtuales. Así quedó establecido en el nuevo artículo 35 del dictamen. Las entidades bancarias -que ejercieron un fuerte lobby- seguirán habilitadas.
-Acota los derechos laborales en los casos de enfermedad o accidente (art. 44). Si éstos no se producen por la prestación laboral, el trabajador podrá percibir el 50% de su sueldo si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador. Se incluyen otros dos artículos (44 bis y 44 ter) para regular el aviso de enfermedad y los controles médicos, incluyendo la facultad del empleador de designar médico y el uso de juntas médicas ante discrepancias.
-Pago de indemnizaciones por despido: segmentación por tipo de empresa. Como en el dictamen original (art.60), estará a cargo de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales (que hasta ahora iba a la Anses). La versión original establecía un 3% para todos los empleadores; el nuevo dictamen hace una segmentación para diferenciar a las grandes empresas (que aportarán solo el 1%) de las pymes (2,5%). El ministro Luis Caputo debió ceder en este punto (uno de los más conflictivos), pero incluyó un párrafo que lo autoriza a subir en 0,5% estos porcentajes si es necesario para cumplir con las metas de déficit cero.
-Concesiones a los gremios. El dictamen da marcha atrás en tres puntos que había propuesto el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que atentaban contra el financiamiento de los sindicatos.
-Guiño a los gobernadores. Se dio marcha atrás con la reducción del impuesto a las ganancias a las sociedades (empresas) en los tramos dos y tres del tributo. Caputo debió ceder ante la presión de los gobernadores, reacios a aprobar la totalidad de la reforma porque este punto les implicaba una fuerte caída en el flujo de sus fondos coparticipables. El dictamen mantiene, en cambio, la eliminación de los impuestos internos a artículos suntuarios, automóviles, embarcaciones y elementos de comunicación.
-Justicia Laboral. El nuevo texto insiste en promover el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo (adversa al oficialismo) a la justicia porteña, pero abre una puerta para su “progresiva reorganización o transformación”, aunque sin incluir materias laborales de competencia federal.
-Financiamiento del Incaa. Se posterga hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación del fondo que financia la actividad cinematográfica, que se nutre de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, un 10% sobre la venta/alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom. El dictamen original pretendía eliminarlo de inmediato y financiar la actividad con recursos presupuestarios (discrecionales).
-Derogación de estatutos. El dictamen mantiene la derogación de cinco estatutos, pero una vez transcurridos seis meses de la sanción de la ley. Respecto del que corresponde al periodista profesional, la nueva versión insiste en derogar el artículo 43 (despidos) cuando entre en vigencia la reforma.
