Tras el veto a la ley de financiamiento universitario, la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocaron a una nueva movilización federal el día que el Congreso fije el tratamiento de la anulación presidencial de la norma. Se estima que podría ser el 17 o 24 próximos. Además, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro para este viernes en todas las casas de altos estudios nacionales.
La comunidad universitaria ya había advertido sobre la convocatoria a la marcha si Javier Milei rechazaba la ley, bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”.
“La característica distintiva de esta movilización sería la confluencia del sector universitario con otros como por ejemplo la salud pública en específico, la lucha que encabeza el hospital Garrahan”, señalaron en un comunicado la FUA, el CIN y el Frente Gremial.
“El Gobierno nos empuja a tener que convocar a toda la sociedad para defender no solo un reclamo universitario, sino el futuro del país”, indicó el titular de la FUA, Joaquín Carvalho.
“Ni las universidades, ni los hospitales, ni los jubilados y discapacitados pueden ser las variables de este ajuste. La sociedad ha sabido expresarlo en las elecciones bonaerenses, el deber de escucharlo es de quienes gobiernan”, señaló Jorge Anró, secretario Adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun.
La iniciativa, aprobada por el Senado el 22 de agosto, encomendaba al Poder Ejecutivo a actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre 2023 hasta la fecha de sanción de la ley y obligaba al Gobierno a convocar a paritarias.
Un proyecto similar había sido aprobado el año pasado y luego el Presidente lo había vetado. Eso explica la acumulación de dos años en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que coincide, a la vez, con los ejercicios que la administración pública viene funcionando sin un presupuesto aprobado por el Congreso, sino prorrogado.
“Esa decisión provocó una caída de casi la mitad del poder adquisitivo de los salarios. Este año la situación se agravó porque la recomposición salarial no logró compensar la inflación, lo que llevó a la UBA a declarar la emergencia salarial en marzo”, recordaron los decanos en un comunicado esta semana.
El proyecto había sido aprobado por el Senado por 58 votos a favor, solo 10 en contra (los siete senadores de La Libertad Avanza y tres de Pro) y tres abstenciones.
